Los empleados públicos que trabajen en empresas crearán una interacción bidireccional entre los sectores público y privado, aumentarán la aplicación de la ciencia en la práctica y reducirán la fuga de cerebros en el sector público.
El proyecto de Ley de Empleados Públicos reformada (aprobado por el Gobierno a mediados de septiembre y que se espera sea presentado a la Asamblea Nacional en la próxima sesión) permite ampliar el espacio de trabajo de los empleados públicos.
En consecuencia, podrán firmar contratos por proyectos, trabajar, participar en la gestión y operar en determinadas empresas.
Investigación profunda y aplicación práctica, beneficios para los sectores público y privado
Si se aprueba la Ley de Empleados Públicos reformada, estos estarán «legitimados y autorizados» para trabajar externamente bajo la supervisión de los organismos gestores. Con una gestión estricta, esto reportará beneficios mutuos para las tres partes: los organismos gestores, las empresas y los propios empleados públicos.
Los empleados públicos que trabajen fuera accederán a experiencia práctica, adoptando perspectivas diferentes para «verificar» los procedimientos y procesos operados y aplicados por los organismos estatales o instituciones públicas. Estas experiencias ayudarán a las instituciones públicas a ajustar y mejorar su servicio a la ciudadanía.
Los empleados públicos talentosos, científicos y aquellos con conocimientos especializados… «tendrán oportunidades de aplicar sus habilidades» cuando su experiencia sea utilizada, refinada y puesta a prueba en la práctica. Este mecanismo crea oportunidades para que los empleados públicos excelentes eviten que sus talentos queden obsoletos.
Mientras tanto, las unidades de servicio público donde trabajan estos empleados pueden retener el talento, y el prestigio de dichas unidades también aumenta, creando oportunidades para atraer a más personas con talento.
Por el lado contrario, las empresas obtienen acceso directo a expertos e investigadores con conocimientos profundos y experiencia en gestión para aplicarlos al trabajo práctico, ayudando a reducir costos de formación y mejorar la eficiencia operativa.
Las empresas pueden aprovechar las fortalezas del sector público (investigación en profundidad) y del sector privado (aplicación práctica) para fortalecerse, especialmente en campos tecnológicos y proyectos de I+D (investigación y desarrollo)…
Lógicamente, las empresas se benefician de contar con expertos que comprenden las políticas y leyes estatales trabajando en sus unidades. Específicamente, políticas sobre impuestos, inversión o laboral se aplicarán con precisión, reduciendo riesgos legales y aumentando la eficiencia empresarial.
Este beneficio crea un ciclo recíproco: las empresas reciben apoyo para operar mejor y, a la inversa, el Estado se beneficia cuando las políticas son comprendidas y cumplidas a fondo en las prácticas reales de producción y negocio.
El intercambio de recursos humanos público-privado también difunde conocimiento y espíritu de innovación. Cuando los empleados públicos operan en empresas y aprovechan los resultados de investigación de sus unidades, ayuda a que los productos científicos se apliquen prácticamente, se pongan en explotación rápidamente y se actualicen para generar beneficios para ambas partes.
Desde esta perspectiva, la cooperación público-privada es también una oportunidad para desarrollar temas científicos en el sector público, ayudando a maximizar tanto las fuentes de capital como la experiencia en gestión para expandir el mercado.
¿Cómo regular a los empleados públicos con «doble rol»?
Surge una pregunta importante para el nuevo mecanismo: Cuando los empleados públicos tienen «doble rol», ¿podrían descuidar sus deberes por intereses personales o abusar de sus cargos públicos para beneficiar a sus empresas?
En realidad, si los empleados públicos se sumergen demasiado en sus negocios privados, podrían descuidar las funciones públicas. Simultáneamente, la mayor preocupación es el conflicto de intereses respecto a las responsabilidades.
Para que la política que amplía los derechos laborales de los empleados públicos sea efectiva sin crear vacíos para conflictos de interés, es necesario establecer regulaciones detalladas y mecanismos de control integrales.
Las leyes deben definir claramente el alcance y los campos de actividades del sector privado en los que se permite participar a los empleados públicos.
Por ejemplo, los empleados públicos en universidades e institutos de investigación solo deberían trabajar en empresas que desarrollen ciencia, apliquen y transfieran tecnología, campos estrechamente vinculados a la misión y funciones de sus unidades de servicio público.
Las regulaciones podrían priorizar que los empleados públicos trabajen, operen, funden y gestionen entidades jurídicas no comerciales (empresas de ciencia y tecnología, centros de incubación…), en lugar de entidades jurídicas comerciales. Esto mantiene las actividades externas de los empleados públicos alineadas con los principios y propósitos de sus unidades de servicio público, reduciendo el riesgo de estar impulsados únicamente por el lucro.
Simultáneamente, las unidades de servicio público que permitan a sus empleados trabajar fuera necesitan mecanismos de control estrictos para el uso de recursos públicos.
Las regulaciones también deberían prohibir o restringir que las empresas que empleen a funcionarios públicos provean directamente servicios o productos a los organismos donde trabajan estos empleados. Si las empresas participan en licitaciones para suministrar servicios a organismos públicos, los empleados públicos relevantes deben informar y no pueden participar en los procesos de decisión para garantizar la objetividad.
