Los contratistas Curlee y Sarah Discaya serán los siguientes en enfrentar cargos penales en los tribunales por su presunta participación en proyectos anómalos de control de inundaciones, anunció el Defensor del Pueblo, Jesús Crispin Remulla.

Remulla realizó el anuncio un día después de que la Oficina del Defensor del Pueblo presentara cargos contra varios funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Carreteras de Southern Tagalog y directores de la Corporación Sunwest, en relación con el presunto proyecto de control de inundaciones de 289 millones de pesos en Oriental Mindoro, considerado de calidad inferior.

«Creo que los próximos casos que se presentarán serán contra los Discaya. Algunos de estos casos ya pasaron por una investigación preliminar y han sido remitidos para resolución», declaró Remulla en una rueda de prensa.

«Al menos tres casos han concluido la investigación preliminar. Hay un total de nueve casos contra los Discaya. Estos también involucrarán cargos por malversación y posiblemente de plunder (enriquecimiento ilícito), dependiendo del monto involucrado. Quizás la presentación será a principios de la próxima semana. Veremos si podemos completarlo para el viernes. Estos ya están listos para resolución», añadió Remulla.

Durante una investigación anterior en la Cámara de Representantes, citando registros de la Comisión de Valores y Bolsa sobre los estados financieros de ocho empresas propiedad de los Discaya con contratos gubernamentales, se reveló que los ingresos totales de estas empresas alcanzaron entre 1.000 millones y 20.000 millones de pesos durante la administración del ex presidente Rodrigo Duterte, desde 2017 hasta 2022.

Estas empresas propiedad de los Discaya incluyen:

  • St. Gerrard Construction
  • Alpha and Omega General Contractor and Development Corp.
  • St. Timothy Construction Corporation
  • Amethyst Horizon Builders
  • St. Matthew General Contractor and Development Corporation
  • Great Pacific Builders and General Contractor Inc.
  • YPR General Contractor and Construction Supply, Inc.
  • Elite General Contractor and Development Corp.

Remulla señaló que, si bien el Defensor del Pueblo no acusó a los funcionarios de DPWH y a la Corporación Sunwest por plunder, esto no significa que la institución se abstendría de presentar cargos por este delito contra aquellos presuntamente involucrados en el esquema de sobornos en los proyectos de control de inundaciones del gobierno.

«Aún presentaremos casos de plunder. Por ahora se presentaron cargos por malversación porque es más fácil de probar en comparación con el plunder, que tiene tanta jurisprudencia que anula cualquier intento de condenar a personas por este delito. Creo que solo ha habido una condena por plunder en los últimos 14 años; todos los demás acusados han sido absueltos», afirmó Remulla.

«Eso es realmente algo que también deberíamos examinar y debatir con la Corte Suprema. Con tales precedentes, al final, es imposible condenarlos por plunder. Pero realmente es un caso por caso, especialmente cuando hay una conspiración involucrada», añadió Remulla.

La ley de plunder establece que el delito se comete cuando «un funcionario público, por sí mismo o en connivencia con miembros de su familia, parientes por afinidad o consanguinidad, socios comerciales, subordinados u otras personas, amasa, acumula o adquiere riqueza mal habida a través de una combinación o serie de actos criminales abiertos que en conjunto ascienden al menos a 50 millones de pesos».

La misma ley también establece que cualquier persona que haya participado con un funcionario público infractor en la comisión de un delito que contribuya al plunder será igualmente castigada por dicho delito.

El Código Penal Revisado, por su parte, dispone que la malversación se comete cuando «un funcionario público que, por razón de los deberes de su cargo, es responsable de fondos o bienes públicos, los apropie, tome o malverse, o consienta, o por abandono o negligencia, permita que cualquier otra persona tome dichos fondos o bienes públicos, total o parcialmente».

Una sentencia de la Corte Suprema requirió la identificación de un plunderer principal para una condena.

En general, Remulla dijo estar satisfecho de que el gobierno haya podido presentar cargos durante los primeros 40 días de su mandato como Defensor del Pueblo.

«Estoy satisfecho de que al menos pudimos establecer un punto de referencia para los primeros 40 días. A partir de ahí veremos. Esto es un trabajo en progreso, y