La Autoridad de Regulación Nuclear y Radiológica confirmó la implementación total de sus poderes regulatorios, con el objetivo de garantizar los más altos niveles de seguridad y confiabilidad en todas las actividades e instalaciones nucleares y radiológicas.
Esta implementación representa un paso estratégico destinado a proteger la salud humana y la seguridad ambiental, y a establecer el Reino como un modelo líder en el cumplimiento de los estándares internacionales.
La Autoridad aclaró que el sistema regulatorio para los usos nucleares y radiológicos le otorga facultades claras y directas para llevar a cabo sus tareas de supervisión de manera efectiva.
Evaluación de Instalaciones y Actividades
Entre estas tareas se encuentra el establecimiento e implementación de un programa de inspección sistemático y avanzado, específicamente diseñado para evaluar las instalaciones y actividades en función de sus niveles de riesgo potencial, asegurando que los esfuerzos de supervisión se centren en los aspectos más importantes y sensibles.
En este contexto, los equipos de inspección especializados de la Autoridad realizan recorridos de monitoreo y supervisión continua para verificar sobre el terreno el cumplimiento de todas las instalaciones y actividades con las normativas y sistemas aprobados.
Esta medida tiene como objetivo garantizar que las prácticas cumplan plenamente con los requisitos de seguridad y protección, y prevenir cualquier infracción que pueda suponer riesgos.
Cero Tolerancia con las Infracciones
La Autoridad enfatizó que no tolerará ninguna infracción detectada durante las inspecciones, ya que el sistema la autoriza a documentar y abordar estas infracciones de inmediato, allanando el camino para las acciones regulatorias apropiadas.
Esto incluye la facultad de realizar las investigaciones necesarias y emitir avisos oficiales, hasta aplicar medidas correctivas o punitivas cuando se confirmen incumplimientos regulatorios.
La Autoridad opera dentro de este marco en completa coordinación con las autoridades judiciales competentes, respetando la jurisdicción de la Fiscalía General en lo relativo a las investigaciones penales, lo que refleja el enfoque institucional integrado seguido por el estado para garantizar el estado de derecho y lograr justicia en este sector vital y estratégico.
