La Oficina del Ombudsman recibirá ₱6.390 millones en 2026 según el Programa Nacional de Gastos presentado por Malacañang al Congreso.
El presupuesto propuesto es superior a los ₱5.870 millones asignados este año al tribunal anticorrupción.
De los ₱6.390 millones, ₱3.670 millones se destinarán a Servicios de Personal; ₱2.200 millones se asignarán para Gastos de Operación y Mantenimiento (MOOE); y ₱515.3 millones cubrirán Gastos de Capital.
El presupuesto propuesto para 2026 también incluye ₱51.47 millones en fondos confidenciales, la misma cantidad asignada este año.
Otros rubros del presupuesto propuesto incluyen:
-₱816.9 millones para investigaciones preliminares y verificaciones de estilo de vida para construir casos contra funcionarios corruptos
-₱445.8 millones para procesar casos penales y de decomiso presentados contra funcionarios infractores ante el Sandiganbayan y los Tribunales Regionales
-₱164.8 millones para resolver casos administrativos contra funcionarios corruptos y hacer cumplir las leyes anticorrupción
-₱149.2 millones para brindar asistencia pública ágil y reducir la burocracia
-₱106 millones para la Operación y Mantenimiento del Sistema Informatizado de Gestión
-₱99 millones para el Proyecto Aral y Asal bajo el Memorándum de Entendimiento (MOU) entre la Oficina del Ombudsman, la Comisión de Educación Superior (CHED) y el Sistema de la Universidad de Filipinas (UPS)
-₱58.5 millones para evaluaciones de integridad y diagnósticos de corrupción que reduzcan la vulnerabilidad de las agencias gubernamentales
-₱53.3 millones para investigaciones preliminares de casos penales y de decomiso contra funcionarios infractores
-₱44.3 millones para desarrollar programas de promoción de integridad que fortalezcan la lucha anticorrupción
-₱20.3 millones para defender casos del Ombudsman apelados ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema
Sin embargo, el Fondo para Informantes solo recibe ₱10 millones.
Según la ley del Ombudsman, este y sus adjuntos actúan como protectores del pueblo y deben responder rápidamente a quejas contra funcionarios, aplicando sanciones administrativas, civiles o penales cuando haya evidencia para garantizar un gobierno eficiente.
El anterior Ombudsman fue el exjuez de la Corte Suprema Samuel Martires (agosto 2018 – julio 2025).
Tras expirar su mandato de 7 años, el presidente Ferdinand Marcos Jr. designó a la fiscal especial y exjueza presidenta de la Corte de Apelaciones Mariflor Punzalan-Castillo como Ombudsman interina.
