La presidenta de la junta directiva de la Asociación de Voluntariado confirmó que la asociación está lanzando una iniciativa nacional para integrar aproximadamente 1,5 millones de voluntarios de diversos orígenes y grupos de edad en los esfuerzos para combatir los delitos de trata de personas.
Señaló la coordinación con varias entidades relevantes, incluyendo la Administración de Prisiones y la Comisión de Derechos Humanos, para fortalecer la cooperación institucional.
Esto se anunció durante un evento de concienciación organizado por la Cámara de Comercio regional, coincidiendo con el Día Internacional contra la Trata de Personas, con la asistencia de representantes de todas las agencias gubernamentales pertinentes.
Comisión de Derechos Humanos
Existe un esfuerzo serio para establecer alianzas estratégicas que integren a voluntarios de todos los grupos de edad en esta causa nacional.
La asociación busca colaborar con todas las entidades relevantes, realizando reuniones preliminares con la Administración de Prisiones y la Comisión de Derechos Humanos para desarrollar un marco conjunto que garantice una participación efectiva de los voluntarios.
Crimen Transfronterizo
El evento, que comenzó con un discurso inaugural, enfatizó la importancia de los esfuerzos institucionales y sociales para combatir este crimen transfronterizo.
La reunión incluyó segmentos de concienciación, como la proyección de un film educativo y el reconocimiento a participantes, seguidos de debates especializados. La primera sesión cubrió los esfuerzos nacionales contra la trata, la segunda destacó el rol del Ministerio Público, la tercera discutió las iniciativas del Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social, y la cuarta abordó las contribuciones del Ministerio de Asuntos Islámicos.
El evento concluyó con un debate abierto sobre desafíos y soluciones potenciales, subrayando la necesidad de continuar la coordinación entre actores y reforzar las campañas de sensibilización. La celebración de esta reunión en la Cámara de Comercio regional resalta el papel del sector privado en apoyar iniciativas nacionales y fortalecer alianzas comunitarias para abordar problemas de derechos humanos, especialmente la trata de personas.
