El exsenador Antonio Trillanes IV presentó este martes casos de malversación de fondos públicos y corrupción contra el expresidente Rodrigo «Digong» Duterte y el senador Christopher «Bong» Go ante la Oficina del Ombudsman.
Según Trillanes, el padre de Go, propietario de CLTG Builders, y Alfrego Builders, propiedad del hermano del senador, habrían obtenido contratos gubernamentales por valor de miles de millones de pesos durante la administración Duterte.
Afirmó que CLTG Builders formó una empresa conjunta con St. Gerrard Construction, propiedad de la familia Discaya, para asegurar contratos por un valor de 816 millones de pesos.
Se informa que CLTG y Alfrego Builders también obtuvieron proyectos gubernamentales por un valor estimado de 6.950 millones de pesos desde 2016 hasta la actualidad.
«El principal responsable de malversación aquí es Bong Go porque es la figura central que conecta a su padre y hermano, y su relación con Duterte permitió esto», insistió Trillanes.
Los casos presentados incluyen violaciones de la Ley de Malversación de Fondos Públicos, la Ley de Prácticas Anticorrupción y el Código de Conducta para Funcionarios Públicos.
«Esto comenzó cuando Duterte todavía era alcalde hasta que se convirtió en presidente. Todos sabemos que Bong Go y Duterte están estrechamente conectados, por lo que no puede negar que esto no fue influenciado», explicó además Trillanes.
El senador Go considera que el caso presentado contra él por Trillanes en el Ombudsman es una táctica de distracción.
«Esta es una táctica de distracción para desviar la atención del público de los problemas reales», declaró Go en una conferencia de prensa.
Según Go, las acusaciones de Trillanes son incorrectas, y si realmente está serio sobre combatir la corrupción, el exlegislador debería presentar casos contra los verdaderos corruptos, contratistas y financistas cuyos fondos, posiblemente utilizados para propaganda, incluso podrían provenir de proyectos de control de inundaciones «fantasma» y de calidad inferior.
Oficina del Ombudsman
La Oficina del Ombudsman es un organismo público independiente e imparcial que investiga quejas ciudadanas contra agencias gubernamentales y mala administración. El concepto moderno se originó en Suecia en 1809, y desde entonces se han establecido instituciones similares en todo el mundo para proteger los derechos de los ciudadanos y mejorar el servicio público. Su función principal es garantizar la rendición de cuentas, la equidad y la transparencia del gobierno mediante la revisión de acciones administrativas.
Ley de Malversación de Fondos Públicos
La «Ley de Malversación de Fondos Públicos» no se refiere a un lugar específico o sitio cultural. Es un término legal para un principio que permite a una fuerza conquistadora incautar propiedad de un enemigo durante tiempos de guerra. Históricamente, este concepto ha sido una característica de varios conflictos, pero ahora está mayormente prohibido por el derecho internacional moderno, como las Convenciones de La Haya y Ginebra.
Ley de Prácticas Anticorrupción
La Ley de Prácticas Anticorrupción no es un lugar físico o sitio cultural, sino una ley fundamental de Filipinas. Fue promulgada en 1960 para reprimir el soborno, la corrupción y otras prácticas poco éticas entre funcionarios públicos. Esta legislación fundacional estableció el estándar de integridad en el servicio público y allanó el camino para el marco legal anticorrupción más amplio del país.
Código de Conducta para Funcionarios Públicos
Un «Código de Conducta para Funcionarios Públicos» no es un lugar físico, sino un conjunto de reglas y principios éticos diseñados para garantizar la integridad, imparcialidad y rendición de cuentas en el gobierno. Históricamente, estos códigos han evolucionado desde juramentos básicos de cargo hasta marcos legales integrales, a menudo en respuesta a la demanda pública de mayor transparencia y para prevenir la corrupción. Su propósito es mantener la confianza pública definiendo el comportamiento aceptable para quienes están en el servicio público.
