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Este viernes se presentaron denuncias por malversación de fondos públicos (plunder) y corrupción contra la vicepresidenta Sara Duterte y otros 15 funcionarios del Departamento de Educación y de la Oficina de la Vicepresidenta, por el presunto mal uso de 612,5 millones de pesos en fondos confidenciales.

Además de malversación y corrupción, las denuncias también alegan desviación de fondos y otros cargos relacionados contra Duterte por el supuesto uso indebido de fondos confidenciales entre 2022 y 2023.

Los denunciantes afirmaron que, a pesar de las prolongadas y repetidas investigaciones del Congreso, la Vicepresidenta se ha negado a explicar en qué gastan sus oficinas tales cantidades de fondos públicos, una postura que, según ellos, traiciona la confianza del pueblo.

«A la luz de los numerosos llamamientos del pueblo filipino para que se rindan cuentas, no debemos olvidar las numerosas ocasiones en que la segunda máxima autoridad del país ha eludido preguntas e investigaciones sobre el uso irregular de fondos confidenciales. Al ser cuestionada por los representantes del pueblo en el Congreso, la Vicepresidenta, Sara Duterte, se ha negado descaradamente a cumplir con su responsabilidad de responder ante el pueblo. Ha socavado continuamente la esencia misma de lo que significa el servicio público. Su uso indiscriminado de fondos públicos sin temor a rendir cuentas es directamente criminal y un ejemplo perfecto de la traición a la confianza pública», declaró uno de los denunciantes.

«Hoy, hacemos un llamado a la institución del Defensor del Pueblo para que ponga fin a esta burla al sistema de pesos y contrapesos consagrado en nuestra Constitución. Esperamos fervientemente que nuestros cargos por malversación, conversión, soborno, corrupción, traición a la confianza pública y grave violación de la Constitución sean respaldados contra la Vicepresidenta Sara Duterte, y que, al menos, se la cite para que rinda cuentas sobre los cientos de millones de fondos confidenciales que malversó. Y si no lo hace, debería ser declarada penalmente responsable», añadió el denunciante.

También fueron nombrados como encausados en las denuncias el Jefe de Gabinete de la Vicepresidenta, el subjefe de gabinete de la OVP, el Director de la Oficina de Servicios Administrativos y Financieros de la OVP, el Contador Jefe, el Oficial Especial de Desembolso de la OVP, el excomandante del Grupo de Seguridad y Protección de la AFP (ASPG), el ex portavoz de DepEd, el Director de la Oficina de Gestión Estratégica de la OVP, ex Subsecretarios de Educación, el contador jefe de DepEd, el Oficial Especial de Desembolso de DepEd, un Mayor General retirado y un Teniente Coronel.

Nombres ‘ficticios’

En un comunicado, los denunciantes dijeron que la Vicepresidenta diseñó y dirigió esquemas paralelos en la OVP y el DepEd para desviar y ocultar 612,5 millones de pesos en fondos confidenciales mediante transacciones irregulares, órdenes de pago sin respaldo y certificaciones firmadas sin revisión.

«Supuestamente, anticipos de efectivo completos fueron entregados a oficiales no autorizados de la AFP (Fuerzas Armadas de Filipinas) designados personalmente por Duterte, mientras que la liquidación se completó utilizando recibos de acuse de recibo falsificados con nombres ficticios como ‘Mary Grace Piattos’, ‘Nova’ y ‘Oishi’. La presentación argumenta que estos actos reflejan una evasión deliberada de la supervisión y un abuso sistemático de autoridad, constituyendo violaciones graves del mandato constitucional de que el cargo público es una confianza pública», afirmaron.

El presunto mal uso de fondos confidenciales por parte de Duterte durante su vicepresidencia fue una de las bases del caso de destitución (impeachment) presentado por la Cámara de Representantes contra la Vicepresidenta.

Sin embargo, el caso de destitución fue desestimado el pasado 25 de julio por violar la regla de la «barrera de un año», o una denuncia de destitución presentada contra un funcionario sujeto a este proceso por año, y por violar el derecho de la Vicepresidenta al debido proceso.

La Cámara ha apelado desde entonces la desestimación, argumentando que se le debe permitir ejercer su deber exclusivo de procesar a un funcionario sujeto a destitución, y que es deber del Senado juzgar el caso.

Debe ser investigado

Mientras tanto, Malacañang declaró que las denuncias de malversación y corrupción contra Duterte deben ser investigadas debidamente.

Se pidió la reacción de una Oficial de Prensa de Palacio sobre las denuncias presentadas contra la Vicepresidenta y otros 15 funcionarios respecto al presunto mal uso de los fondos confidenciales.

«De nuevo, si tienen bases contra la Vicepresidenta, eso depende de los denunciantes», dijo la oficial en una sesión informativa.

«Lo que sea que se haya declarado en la denuncia, si adjuntaron las pruebas, sería mejor que esto se investigue adecuadamente», añadió.

Buscando rendición de cuentas

Con la Oficina del Fiscal General (OSG)