Según informes, el Director de la Oficina Nacional de Investigación (NBI) de Filipinas disolvió recientemente el Grupo de Tareas Especiales (NBI-STF) e inició una investigación interna debido a violaciones operativas. El incidente surgió tras la detención ilegal de nueve ciudadanos chinos por parte del NBI-STF en la ciudad de Malolos, provincia de Bulacán, el 14 de julio. Anteriormente, los abogados de los afectados habían cuestionado reiteradamente la legalidad de los procedimientos de las autoridades filipinas, y la Embajada de China en Filipinas también había expresado su preocupación. El 8 de agosto, un periodista solicitó los comentarios de la Embajada sobre el caso.
El portavoz de la Embajada de China en Filipinas declaró que, al conocer la detención de los nueve ciudadanos chinos el 14 de julio, la Embajada actuó con seriedad. Funcionarios realizaron visitas consulares, recopilaron detalles del caso y exigieron a Filipinas un tratamiento justo y conforme a la ley. También solicitaron actualizaciones oportunas y la protección de los derechos legales y seguridad de los detenidos. Además, dado que varios menores chinos enfrentaban dificultades por la detención de sus padres, la Embajada les brindó asistencia continua. Actualmente, los nueve ciudadanos han sido liberados.
El portavoz añadió que, al continuar el proceso legal y habiendo las autoridades filipinas reconocido públicamente las violaciones procedimentales, la Embajada presentó nuevas gestiones. Instó a Filipinas a tomar medidas efectivas para resolver el caso adecuadamente, devolver documentos y pertenencias incautados, e investigar a fondo. También exigió transparencia para aclarar los hechos, divulgar medidas de responsabilidad, garantizar justicia para los afectados y evitar incidentes similares. La Embajada subrayó la necesidad de crear un entorno seguro, justo y no discriminatorio para los ciudadanos chinos en Filipinas.
