El Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social ha presentado las características de un nuevo proyecto regulatorio, con el objetivo de establecer un marco integral para la licenciatura y acreditación de proveedores de servicios de seguridad y salud laboral.

El proyecto, que se presentó a través de la plataforma «Consulta Pública», busca poner fin a la era de las prácticas individuales no reguladas, sometiendo a todas las personas y establecimientos que operan en este campo vital a un sistema unificado de licencias y acreditación, cubriendo los sectores público, privado y sin ánimo de lucro.

El borrador de la normativa confirmó que ningún establecimiento podrá nombrar o emplear a ninguna persona en profesiones de seguridad y salud laboral, ni asignarle tareas relacionadas, a menos que posea la licencia profesional necesaria o la acreditación del Consejo Nacional de Seguridad y Salud Laboral. Esto representa un cambio radical que garantiza la presencia de personal cualificado en este sector.

Según la normativa propuesta, no se permitirá a ninguna persona o establecimiento realizar ninguna actividad en el campo de la seguridad y salud laboral o prestar servicios relacionados sin una licencia válida, prohibiéndose exceder el alcance especificado en dicha licencia, ya sea en términos de profesiones o servicios permitidos.

La normativa otorgó al Ministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social la autoridad para emitir las decisiones e instrucciones necesarias para implementar sus disposiciones, asegurando una referencia unificada para la aplicación y superando cualquier posible conflicto.

Los establecimientos licenciados están obligados a tomar medidas estrictas para proteger los datos e información de los clientes.

La normativa estableció procedimientos claros para las solicitudes de acreditación y licencias, fijando el período de revisión de las solicitudes en 15 días hábiles a partir de la fecha del pago de la tarifa.

En caso de rechazo de la solicitud, el comité correspondiente debe clarificar las razones de su decisión, otorgando al solicitante el derecho a apelar dentro de los treinta días, garantizando así la transparencia y equidad en los procedimientos.