El Ministerio del Interior ejecutó la pena de muerte en la región de Riad contra un ciudadano saudí por intentar introducir y recibir una cantidad de hachís con fines de tráfico.
El Ministerio declaró que las autoridades de seguridad lograron arrestar al acusado, y la investigación resultó en que se le imputara la comisión del delito. Después de ser remitido al tribunal competente, se emitió un fallo en su contra que confirmaba los cargos y lo sentenciaba a muerte. El fallo se hizo firme tras ser apelado y luego confirmado por el Tribunal Supremo. Se emitió una orden real para aplicar el castigo prescrito legalmente, y la sentencia se llevó a cabo.
El Ministerio del Interior confirmó a todos el compromiso del gobierno de proteger la seguridad de los ciudadanos y residentes del flagelo de las drogas, y de aplicar las penas más severas previstas por la ley contra sus contrabandistas y traficantes.
