BEKASI – El Grupo de Jóvenes Indonésios Concernidos por el Agua Potable (PPAMI) ha descubierto que el agua consumida por los residentes de la ciudad de Bekasi no cumple con los estándares nacionales de calidad del agua potable, de acuerdo con el Reglamento del Ministro de Salud No. 2 de 2023, el Reglamento Gubernamental No. 22 de 2021 y el Reglamento Gubernamental No. 122 de 2015.
Este hallazgo se basa en los resultados de las pruebas de muestras de agua de clientes de Tirta Patriot, la empresa regional de agua de Bekasi, que se realizaron de forma independiente en el laboratorio de PAM JAYA, la empresa de agua potable de Yakarta.
El Presidente del Grupo de Jóvenes Indonésios Concernidos por el Agua Potable declaró que los hechos impactantes sobre el agua distribuida por Tirta Patriot a los clientes revelaron una turbiedad del agua que alcanza 33.8 NTU, es decir, 10 veces más peligrosa que el límite máximo seguro de 3 NTU, mientras que el contenido total de Coliformes fue de 6 UFC/100 mL, cuando debería ser 0 UFC/100 mL.
«Estos hallazgos indican que el agua suministrada a los clientes no es apta para el consumo y potencialmente causa enfermedades de la piel, trastornos digestivos e infecciones bacterianas», dijo.
También reveló que, según su investigación, los costos operativos del tratamiento de agua por parte de la gerencia de Tirta Patriot se han disparado a miles de millones de rupias, además de que las tarifas del agua potable cobradas a los clientes continúan aumentando.
«Cuando una empresa regional sigue vendiendo agua que no cumple con los estándares, esto puede categorizarse como abuso de autoridad y violaciones legales», afirmó.
«El PPAMI ha denunciado al Director de Tirta Patriot ante la Oficina del Fiscal General de Indonesia por presuntas violaciones de la Ley No. 31 de 1999 y la Ley No. 20 de 2001 sobre la Erradicación de Delitos de Corrupción», añadió.
En el informe financiero de 2023, los costos operativos del tratamiento de agua se registraron en 23.100 millones de rupias, casi cinco veces más que los 4.100 millones del año anterior.
«Existen fuertes indicios de mal uso del presupuesto público. Queremos que se aplique la ley, no solo por las pérdidas financieras, sino por las violaciones al derecho a la vida y a la salud pública. El servicio de agua potable que llega a los hogares en realidad está cada vez más sucio. El presupuesto se está inflando», enfatizó.
