MANILA – La descalificación del fiscal jefe Karim Khan del caso contra el expresidente Rodrigo Duterte ante la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene «ningún impacto» en la investigación en curso, según un portavoz.
«Esta descalificación no tiene ningún impacto en el caso en curso contra el Sr. Duterte», declaró un portavoz de la CPI.
«El trabajo de la Oficina del Fiscal sobre la situación relacionada con Filipinas está dirigido por la Fiscal Adjunta Mame Mandiaye Niang», añadió el portavoz.
Un documento judicial confirmó que la Sala de Apelaciones de la CPI ha descalificado a Khan debido a su participación, antes de asumir el cargo, en la presentación de cierta información relacionada con los presuntos crímenes de Duterte en Filipinas.
La información, también conocida como comunicación del Artículo 15, fue presentada el 29 de junio de 2018 ante el entonces fiscal.
El portavoz aclaró que la Sala de Apelaciones no consideró que se hubiera demostrado un sesgo real por parte del fiscal en la solicitud de la defensa.
«Sin embargo, concluyó que una serie de factores podrían dar lugar a una apariencia objetivamente razonable de parcialidad ante los ojos de un observador razonable, de tal manera que concluiría que se podría esperar que el Fiscal hubiera formado una opinión sobre el caso contra el Sr. Duterte durante su participación en la comunicación del Artículo 15 que, objetivamente, podría afectar negativamente a su imparcialidad requerida», decía la declaración.
En una declaración separada, la Oficina del Fiscal de la CPI dijo que su «investigación independiente e imparcial sobre los presuntos crímenes del Estatuto de Roma en relación con la Situación en Filipinas está en curso».
Añadió que las actividades de investigación y enjuiciamiento del caso —incluida la solicitud de la orden de arresto— están dirigidas por un equipo multidisciplinar bajo la supervisión de Niang.
«La Oficina ha podido avanzar en el caso contra el Sr. Duterte únicamente sobre la base de pruebas recogidas de forma independiente e información obtenida de una amplia gama de fuentes, incluidas entrevistas con testigos, información de Estados, socios internacionales y la sociedad civil, así como información de acceso público», señaló la declaración.
«Las víctimas y los supervivientes de la situación en Filipinas merecen justicia y rendición de cuentas. Las actividades de la Oficina en este caso continuarán, contribuyendo a garantizar que se persiga la justicia de manera imparcial e independiente», añadió.
